Atribuciones

I.- Recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor público;

II.- Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos en los casos siguientes:
a) Por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor público;
b) Cuando algún particular cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de alguna autoridad o servidor público, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;

III.- Formular recomendaciones públicas no vinculatorias;

IV.- Presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas;

V.- Substanciar y resolver el incidente de presentación de personas en los términos de esta ley;

VI.- Procurar, sin menoscabo de la ley, la conciliación entre los quejosos y las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado y la restitución del goce del derecho vulnerado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

VII.- Presentar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de in constitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso que vulneren los derechos humanos, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma;

VIII.- Presentar, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, los medios de control constitucional local, en los términos de ley;

IX.- Acudir ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ante el incumplimiento de las recomendaciones de la comisión o cuando se cometan violaciones graves a los derechos humanos en el estado;

X.- Promover la observancia de los derechos humanos en el estado de Yucatán;

XI.- Formular y proponer, a las diversas autoridades del estado y de los municipios, modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de práctica administrativa, que a juicio de la Comisión, redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

XII.- Formular y proponer programas y acciones que impulsen el cumplimiento en el estado de Yucatán de los tratados internacionales y, en su caso, promover el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas que el Ejecutivo federal haya establecido. Para ello, elaborará y actualizará de manera permanente, una recopilación de dichos documentos a los que le dará una amplia divulgación entre la población;

XIII.- Formular y proponer políticas públicas en materia de derechos humanos;

XIV.- Promover la investigación científica, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos;

XV.- Elaborar y ejecutar programas preventivos, formativos y de difusión en materia de derechos humanos;

XVI.- Promover la participación de los sectores público, social y privado, en la formulación y ejecución de los programas preventivos, formativos y de difusión en materia de derechos humanos;

XVII.- Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración tendientes al cumplimiento de sus fines con instituciones públicas y privadas;

XVIII.- Realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y supervisar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos en:;
a).- Establecimientos del sector público estatal y municipal destinados a la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social.
b).- Orfanatos, asilos, hospicios, albergues, refugios, hospitales, instituciones de salud, de asistencia social, de educación especial y, en general, cualquier establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al tratamiento, atención o internamiento de niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas que viven con VIH o sida y demás personas en situación de vulnerabilidad.
c).- Zonas rurales del estado, en particular, aquellas en donde la población es predominantemente indígena.

XIX.- Expedir su reglamento interno, así como su normatividad interna y modificarla.

XX.- Solicitar al Congreso y, en su caso, a la Diputación Permanente, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables, cuando se hayan negado a aceptar o cumplir alguna recomendación emitida por dicho organismo autónomo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

XXI.- Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en materia de equidad de género.

XXII.- Las demás que le otorga esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones legales y normativas aplicables.